1 de agosto | Alcoy, Alicante
📬 La semana pasada, sumamos a un nuevo compañero de esta aventura de La Wikly para complementar nuestra cobertura informativa sobre las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo:
.Hace unos días, Bosco escribió sobre la controversia en torno a la canción country del cantante Jason Aldean que tanto ha caldeado las redes en Estados Unidos.
Y este miércoles, explicará por qué los diarios israelíes tiñeron de negro sus portadas la semana pasada (spoiler: la dichosa reforma judicial de Netanyahu).
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🏛️ ¿Es eso corrupción?
Lo importante. Tres jueces del Tribunal Supremo estadounidense son foco de la controversia desde hace meses por cuestiones éticas sobre regalos que han percibido, pero no han declarado, así como sobre el uso inapropiado de personal público.
La polémica vuelve a evidenciar la falta de códigos éticos sobre los que podría (o debería) regirse el tribunal judicial más influyente de Estados Unidos.
Al tiempo que muestra las divisiones ideológicas profundas que existen en el Capitolio a la hora de acordar guardarraíles para los nueve jueces que forman el Supremo.
Contexto. El Supremo estadounidense está formado por nueve jueces con cargos vitalicios. Seis son conservadores y tres, progresistas.
Cualquier vacante en forma de dimisión, muerte o impeachment1 implica que el presidente en el cargo debe nominar a un sustituto y el Senado, confirmarlo.
Es decir, que cualquier vacante ahora mismo significaría que Joe Biden nominaría a un sustituto progresista y el Senado de mayoría demócrata lo confirmaría en el cargo.
Es de ahí que los republicanos sean más protectores con los jueces que forman ahora mismo el Tribunal Supremo, pues cualquier vacante pondría en peligro la mayoría conservadora.
Explícamelo. Las polémicas de los últimos meses señalan que dos jueces conservadores habrían aceptado regalos en forma de viajes en jet privado, entre otras cosas, por parte de multimillonarios cuyas empresas e intereses protagonizaron casos frente al Supremo.
Los jueces no declararon esos regalos a las autoridades federales pese a que la cuantía de los mismos era más que significativa (en varios casos, en las decenas de miles de dólares).
Esos jueces tampoco se recusaron de los casos en los que sus benefactores tomaban parte de alguna forma, sea a través de sus empresas o de sus subsidiarias.
En otro caso controvertido, una jueza progresista habría usado tanto a su personal del Supremo como su propia influencia en instituciones educativas públicas para vender libros —y enriquecerse con ello.
🧑🏿⚖️ El caso Thomas
La agencia de noticias independiente ProPublica lleva un buen tiempo reportando ciertas irregularidades en el Tribunal Supremo vinculadas a los regalos que reciben los jueces, muchos de los cuales deben ser declarados por ley federal2.
Los informes de ProPublica revelan que el juez conservador Clarence Thomas recibió durante décadas obsequios no declarados por parte del multimillonario del sector inmobiliario Harlan Crow, con quien comparte una amistad cercana desde hace décadas.
Entre ellos, supuestamente, matrículas para familiares, vuelos en jet privado y cruceros en yate por todo el mundo, así como la compra de propiedades inmobiliarias de la familia del juez.
En 2008, Crow gastó decenas de miles de dólares en la matrícula de una escuela privada para el sobrino nieto de Thomas, a quien el juez dijo estar criando «como a un hijo».
La matrícula en Hidden Lake Academy, un internado privado en Georgia, costaba más de 6.000 dólares al mes.
Sin embargo, Thomas no informó de estos pagos de matrícula en sus declaraciones financieras anuales obligatorias de la Corte.
En 2014, una de las compañías de Crow compró una serie de propiedades en Savannah, Georgia, que pertenecían a la familia de Thomas.
Una ley federal de divulgación aprobada después del caso Watergate requiere que los jueces y otros funcionarios públicos divulguen los detalles de la mayoría de las ventas de bienes raíces que tengan un valor de más de 1.000 dólares.
Sin embargo, Thomas nunca reveló su venta de las propiedades de Savannah, algo que algunos expertos en leyes de ética señalan como una violación de la reglamentación vigente.
En un comunicado, Crow se excusó diciendo que compró la casa de la madre de Thomas para preservarla para la posteridad porque Thomas pasó allí parte de su infancia.
En cualquier caso, las intenciones de Crow son irrelevantes, lo importante es la obligatoriedad legal de Thomas de revelar la compra.
Estos informes de ProPublica, incluyendo otro que revelaba que Thomas había aceptado viajes de lujo de Crow prácticamente todos los años durante décadas, provocaron que la bancada de senadores demócratas presionara para iniciar una investigación al respecto.
El Comité Judicial del Senado escribió una serie de cartas a Crow y otros multimillonarios señalados exigiendo un informe completo de sus obsequios a Thomas y/o a cualquier otro juez federal a lo largo de los años.
Pero hasta ahora, Crow se ha resistido a la investigación de los senadores. Los abogados del multimillonario han argumentado que el Capitolio no tiene la autoridad para investigar los obsequios y que la investigación viola la separación de poderes.
⚖️ Otros jueces señalados
El juez conservador Samuel Alito también se ha visto salpicado por el escándalo de presuntas violaciones de código ético en la Corte. Las cartas enviadas por el Comité Judicial del Senado incluyen a:
Paul Singer, un multimillonario que se ha hecho rico con fondos de cobertura.
Robin Arkley II, dueño de una empresa hipotecaria y donante importante del movimiento legal conservador estadounidense.
Y Leonard Leo, líder desde hace años de un poderoso grupo jurídico conservador.
Los tres hombres participaron en el pago o en la organización de unas vacaciones de Alito en 2008.
El juez pasó varios días alojado en el King Salmon Lodge, un lujoso albergue de pesca en Alaska, al que llegó en un vuelo privado cortesía de Singer. Ese trayecto estaría valorado en 100.000 dólares si Alito lo llega a coger por su cuenta, según ProPublica.
El precio de cuatro noches en el King Salmon Lodge en 2008 era de casi 4.000 dólares3. No está claro si Alito tenía habitación propia o compartida, pero el alojamiento lo financió Arkley II.
Leo ejerció como organizador de la escapada.
La relación de Alito con Singer ha sido especialmente cuestionada debido a que la empresa de este último, Elliott Management, es conocida por hacer inversiones que prometen buenos rendimientos pero pueden exigir un agotador paseo por los juzgados.
En los años siguientes al viaje a Alaska, el fondo de cobertura de Singer y sus empresas subsidiarias se presentaron al menos 10 veces ante el Supremo.
Uno de los casos más destacados fue contra la nación argentina, que empezó en 2001 y se dilató a lo largo de más de una década.
Cuando el caso llegó ante la Corte Suprema, Alito no se recusó y votó a favor de Singer4, cuya empresa finalmente percibió 2.400 millones de dólares de Argentina.
En un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal, Alito dijo que cuando las empresas de Singer se presentaron ante el tribunal, el juez desconocía la conexión del multimillonario con los casos.
También se excusó por no haber informado del viaje diciendo que los jueces «interpretaron comúnmente» que los requisitos de divulgación no incluyen alojamiento o transporte para eventos sociales.
Esto pasa, de nuevo, porque la falta de un código de conducta ética permite que los jueces interpreten a conveniencia las leyes federales de declaración de obsequios a las que sí deberían adscribirse.
La jueza Sonia Sotomayor, nombrada durante la presidencia de Obama en 2009, estuvo implicada en un par de situaciones controvertidas por motivos similares.
En el caso de Sotomayor, las irregularidades aparecieron en torno a la publicación de sus cinco libros.
Desde que fue nombrada jueza de la Corte Suprema, se estima que la actividad literaria de la jueza le ha reportado al menos 3,6 millones de dólares.
En primer lugar, Sotomayor ha implicado de manera reiterada a su personal de la Corte Suprema, cuyo salario es pagado con dinero público, en actividades referidas a la adquisición de sus libros.
Organizan eventos orientados a la venta en los que Sotomayor actúa de ponente y sugieren a instituciones como bibliotecas y universidades públicas que inviten a la jueza y compren sus libros.
En ocasiones, su equipo incluso ha recibido los libros en el Tribunal Supremo y, después de que la jueza los firmara, su personal se encargó de empaquetarlos y enviarlos a las instituciones que los habían comprado.
Este tipo de usos cuestionables del personal público, que en los poderes ejecutivo y legislativo está expresamente prohibido, no resulta imposible para la jueza debido a la ausencia de un código ético de conducta formal en la Corte Suprema.
Además, Sotomayor ha evitado recusarse de casos vinculados a Penguin Random House, la editorial con la que ha publicado sus escritos.
Algunas de sus empresas subsidiarias tuvieron casos vinculados con infracciones de copyright en los que solicitaron la revisión de la Corte.
Sotomayor no se recusó por conflicto de interés en ninguno de los dos casos y, finalmente, ninguno fue revisado por la Corte.
💡 La idea
¿Y ahora? El Comité Judicial del Senado, de mayoría demócrata, se prepara para votar un proyecto de ley de reforma ética de la Corte Suprema. Titulada Ley de Ética, Recusación y Transparencia de la Corte Suprema, el proyecto especificaría reglas de ética para el Tribunal.
Según la ley actual, los jueces no están obligados a explicarse cuando se recusan o no de un caso, y rara vez lo hacen. El proyecto de ley terminaría con eso, al requerir explicaciones escritas publicadas de las decisiones de recusación.
El proyecto de ley también requeriría que la corte cree un proceso de denuncia de ética. Los miembros del público podrían presentar quejas y las investigaciones serían realizadas por un panel de cinco jueces de apelación seleccionados al azar.
Sin embargo, este proyecto deja varios detalles en manos de la propia corte.
Por ejemplo, el proyecto requiere que el Tribunal cree y publique un código de conducta en 180 días, pero no detalla qué reglas debe contener.
¿Entonces? La realidad es que este proyecto de ley no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en el Senado, donde los demócratas que lo han impulsado necesitarían el apoyo de al menos nueve senadores republicanos.
Y no, la bancada republicana jamás estará de acuerdo con imponer normas éticas que pongan en peligro a los jueces conservadores de la Corte Suprema.
Los cargos del Supremo son vitalicios, con lo que cualquier otra forma de destitución que no sea la dimisión o la muerte no es admisible si los republicanos quieren mantener su mayoría de jueces conservadores intacta.
Las batallas partidistas por tener el mayor control posible de las cortes supremas es algo que se sigue dando en multitud de democracias occidentales, desde Polonia e Israel hasta España.
En Estados Unidos, la mayoría de seis jueces conservadores contra tres progresistas con cargos vitalicios significa que la mayoría ideológica del Tribunal se alargará a lo largo de al menos una generación entera.
Por tanto, obstruir los procesos de nominación de jueces e impedir la aprobación de regulaciones éticas es vital para alargar esa mayoría conservadora en el tiempo.
El peligro de estas disputas ideológicas para influir en el brazo judicial amenaza con destruir la confianza en instituciones clave para los gobiernos democráticos occidentales.
Por desgracia, países como Estados Unidos han entrado en una tesitura de división ideológica en la que «todo vale» para mantener a los propios en cargos judiciales influyentes.
El objetivo es que esos jueces actúen como obstáculo para cuando gobierne el bando opuesto y autovía para cuando gobierne el bando afín.
Y así es como poco a poco se deteriora el brazo de poder que debía mantener a raya los excesos de los otros dos.
🎬 Una recomendación
Con la colaboración de Filmin
Por Emilio Doménech
Testigo de cargo es una película estadounidense de 1957 dirigida por Billy Wilder. Sigue la historia de un hombre acusado de asesinar a una señora con el supuesto fin de heredar su fortuna. Un prestigioso abogado se pondrá a cargo de su defensa.
Wilder adapta la obra de teatro ‘Witness for the Prosecution’ de Agatha Christie en la que es considerada una de las mejores películas de juicios de toda la historia.
El reparto lo encabezan un especialmente simpático Charles Laughton y Marlene Dietrich en uno de sus papeles más aclamados. Ambos fueron nominados al Oscar.
Pocas historias de suspense como esta de Christie pueden encajar mejor con el estilo de Wilder. El cineasta se vale de una gran puesta en escena para sacar el máximo partido de las revelaciones más dramáticas y de los pequeños (y gozosos) oasis cómicos de los protagonistas.
Sea en los flashbacks o en los juzgados, en los despachos o en prisión, la cámara de Wilder sabe dónde estar y cómo moverse para sacar partido de los mejores instantes.
Y es gracias a esa facilidad para aprovechar la excelencia de sus actores y del guion que Testigo de cargo se ve con el disfrute de un gran blockbuster de nuestros días.
Imprescindible.
Testigo de cargo está disponible en Filmin.
En otro orden de cosas, esta noche vuelven las citas de política internacional con ‘Nanisimo por el mundo’. ¿El foco? Las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, la guerra de Ucrania y la sucesión de Xi Jinping en China.
Será a las 22:00 CEST en mi canal de Twitch, que antes hace demasiado calor.
Y si quieres ganar una taza de La Wikly:
Feliz martes,
Posdata: deseando ver la de Ramón y Cajal.
Un proceso de destitución impracticable en el Capitolio dividido actual.
Es importante recalcar que la ley federal sobre declaración de regalos es distinta al código ético del Tribunal Supremo que por ahora no existe. La Constitución tampoco lo requiere.
El hotel es bastante menos lujoso y exclusivo en la actualidad.
La votación final fue de 7 contra 1, así que el de Alito no fue en ningún caso voto decisivo.
🛩️ Jueces que volaban en jet