8 de diciembre | San Juan, Argentina
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🌱 Lograr justicia climática
Lo importante. Los líderes latinoamericanos están usando su espacio en la COP 28 para buscar mayores compromisos de los principales países que emiten gases de efecto invernadero.
¿Cómo? Con la financiación de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático para naciones en vías de desarrollo.
Los países desarrollados y la industria vinculada a los combustibles fósiles protagonizaron el eje del debate global durante la cumbre climática de Naciones Unidas, que dará fin a sus actividades el próximo 12 de diciembre.
Contexto. Representantes de los países miembro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reunieron en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, durante las últimas dos semanas para negociar objetivos climáticos globales.
La 28ª Conferencia de las Partes reunió a miembros de gobierno, de la sociedad civil y representantes del sector privado empresarial para acordar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
También se discuten objetivos de reducción de emisiones y transición energética; es decir, cuándo y de qué manera los países van a avanzar en el uso de energías renovables y la reducción de su huella de carbono.
Explícamelo. Para los líderes de América Latina, la situación actual presenta una clara asimetría de responsabilidades.
La región contribuye con menos del 10 por ciento de las emisiones mundiales y estas proceden, en su mayoría, del sector energético y la agricultura, actividad que representa un alto porcentaje del PIB.
En otras palabras, para los países latinoamericanos, reducir su cantidad de emisiones implica rediseñar su matriz productiva y energética.
Este proceso, aunque necesario, demanda una inversión financiera que la mayoría de los países de la región no puede permitirse.
Además, su aporte no mueve la balanza global: China, Estados Unidos e India representan el 50 por ciento del total de emisiones de gases de efecto invernadero.
Esa disparidad es el principal fundamento de los líderes latinoamericanos para demandar financiación climática a los países desarrollados.
Tras convertirse en uno de los ejes de discusión centrales de la COP 27 el año pasado, concretar los compromisos financieros se volvió una prioridad para los países latinoamericanos.
«Como representante de los pueblos del sur global, históricamente colonizados y principales proveedores de recursos, enfrentamos las peores consecuencias del cambio climático. Mientras tanto, los más poderosos del mundo anuncian planes especiales para escapar a otros planetas, dejando atrás una Tierra devastada», dijo Xiomara Castro, presidenta de Honduras, en su discurso.
Polémica. Que Emiratos Árabes Unidos (EAU), líder mundial en la industria del petróleo y el gas, fuera elegido como país anfitrión de esta nueva edición de la COP fue objeto de numerosas críticas por parte de activistas medioambientales y periodistas especializados en cambio climático. El rechazo de sectores activistas medioambientales no es infundado.
También el presidente de la cumbre fue criticado. El Sultán Ahmed Al Jaber es consejero delegado de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), la petrolera nacional de Emiratos.
Al Jaber protagonizó algunas declaraciones polémicas los últimos días, como cuando aseguró que «no hay ciencia» que indique que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles ayudará a controlar el calentamiento global. Esto es falso.
Los informes científicos especializados del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) llevan tiempo advirtiendo de la necesidad urgente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 48 por ciento para 2030.
En este momento, la mayor parte de las emisiones globales proviene de la quema de petróleo, gas y carbón.
Mientras tanto, Al Jaber lanzó la Carta de Descarbonización del Petróleo y el Gas (OGDC), un compromiso de la industria global con la aceleración de la acción climática para lograr un impacto a gran escala.
La Carta cuenta con la adhesión de 50 empresas, que representan más del 40 por ciento de la producción mundial de petróleo, comprometidas voluntariamente con la iniciativa de descarbonización.
Sin embargo, los activistas climáticos no vieron con buenos ojos esta iniciativa. Para muchos de ellos, este tipo de compromisos voluntarios buscan hacer pasar como ecologista a la industria de los combustibles fósiles.
«La presidencia de la COP28 parece haber estado alentando a las empresas de combustibles fósiles a hacer otro conjunto de promesas voluntarias vacías , sin ningún mecanismo de rendición de cuentas ni garantía de que las empresas las cumplirán. Publicar otro en la larga sucesión de compromisos voluntarios de la industria que terminan incumpliéndose no hará que la COP28 sea un éxito. Los esfuerzos voluntarios son insuficientes», afirma una carta abierta firmada por más de 320 grupos ecologistas.
💡 La idea
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en su discurso que amenazar el principio de responsabilidades diferenciadas –es decir, crear una falsa igualdad en materia de distribución de responsabilidades climáticas– «va en contra de cualquier noción básica de justicia climática».
La justicia climática es un concepto forjado por la necesidad de garantizar que las acciones para mitigar y adaptarse al cambio climático no solo sean efectivas desde el punto de vista ambiental, sino que también consideren el factor social, económico y de derechos humanos.
Justicia climática es atender el reclamo de las naciones insulares, por ejemplo. ¿Recuerdas este discurso icónico que dió el canciller de Tuvalu hace un par de años para concientizar sobre el impacto del aumento del nivel del mar? La situación para ellos no ha cambiado mucho desde entonces.
Desgraciadamente, la mayoría de las naciones insulares no tienen mucho con qué negociar en el esquema económico global. Para América Latina, región que destaca por su exportación de recursos naturales, la situación es un poco más favorable.
El problema es un factor común a todo el Sur global1: los países industrializados contaminan mucho y hacen poco por mitigar el efecto negativo que producen en el medio ambiente.
«Las emisiones de CO2 también se pueden medir en términos de desigualdad social. Son ricos quienes más emiten CO2 y más consumen carbono; son pobres quienes menos lo hacen», explicó el presidente colombiano Gustavo Petro en su discurso.
Esta desigualdad se aprecia con claridad a la hora de fijar las reglas de los compromisos ambientales: nada termina siendo verdaderamente obligatorio para los países.
Ni siquiera para aquellos que tienen una deuda climática contraída con el mundo por la cantidad de emisiones que generan (y han generado).
En consecuencia, se promete mucho y se cumple poco.
La COP 28 no fue la excepción. La primera jornada de la cumbre arrancó con la aprobación unánime del fondo de pérdidas y daños, un instrumento pensado para ayudar a los países más vulnerables a hacer frente a los impactos del cambio climático. Varios países anunciaron sus aportaciones al fondo.
Emiratos Árabes Unidos, país anfitrión, destinará 100 millones de dólares.
La Unión Europea dijo que aportará «al menos» 225 millones de euros.
Estados Unidos anunció un aporte de 17,5 millones de dólares al mismo.
Sin entrar en detalles sobre la crítica a Estados Unidos por su raquítico aporte al fondo, la reglamentación del mismo padece los mismos vicios que han vuelto ineficientes compromisos anteriores: ningún país está obligado a contribuir, mucho menos a mantener un flujo constante de aportes.
¿Y ahora? Con este panorama, no es muy difícil predecir lo que pasará con el fondo: o bien la reserva se agotará rápido y se reiniciará la persecución de la cartera de los países desarrollados, o bien el Banco Mundial administrará el dinero a cuentagotas y terminará siendo insuficiente para las necesidades que le dieron origen en primer lugar.
Ya sé lo que estás pensando, que nada me viene bien. Pues no.
Hay un batallón de científicos advirtiéndonos de que estamos demasiado cerca del punto de no retorno, y el cambio climático no distingue fronteras; no se trata de una propina que los países industrializados pueden darse el lujo de ningunear.
¿Entonces? Aunque el asunto de los combustibles fósiles acaparó gran parte de la agenda, no es el único debate que ha tenido lugar estos días. La compatibilidad de la actividad agrícola con la acción climática también ocupó un lugar destacado, sobre todo para las potencias agrícolas de la región: Brasil y Argentina.
Ambos países mostraron preocupación por los posibles cambios en las normativas comerciales destinadas a evitar daños medioambientales.
Estas «medidas unilaterales y coercitivas», tal y como las definió Brasil, como la nueva ley de la Unión Europea que prohíbe las importaciones de materias primas asociadas a la deforestación o la cláusula medioambiental que la UE agregó al acuerdo comercial con el Mercosur2, prometen convertirse en un verdadero desafío para estos países.
Más información en Diálogo Chino.
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Feliz viernes,
Posdata: si me preguntas, la mejor Persona del Año de la historia.
La noción de “Sur global” no se limita a una ubicación geográfica; también implica una perspectiva crítica que destaca las desigualdades económicas, sociales y políticas entre los países del Norte y del Sur. Este enfoque reconoce las disparidades en el desarrollo, el acceso a recursos, las oportunidades económicas y la influencia política entre las distintas regiones del mundo.
El Mercado Común del Sur (Mercosur) es una organización regional de integración económica y política en América del Sur, compuesta por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Su objetivo principal es promover la cooperación y el desarrollo entre sus miembros a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos.
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